De manera silenciosa y con poco auge en los medios
de comunicación masivos entró en vigencia en nuestro país, la Ley N° 20.730 o Ley del Lobby, una iniciativa
que tiene como telón de fondo la transparencia de los actos públicos y que el
pasado 28 de agosto comenzó a operar de manera formal en los municipios.
En el caso de las corporaciones edilicias, están
sometidos a esta ley, alcaldes, concejales, directores de obras y secretarios
municipales, quienes son considerados sujetos pasivos y por lo tanto se deberá
especificar el motivo del encuentro con cada uno de ellos.
Suena bien, si se analiza el mal momento que
atraviesa la política y el aparato público en general, sin embargo esta nueva
normativa y la forma en que la ciudadanía deberá enfrentarse a sus autoridades,
especialmente municipales, podría
generar más de un dolor de cabeza.
Esto porque el primer encuentro entre los vecinos y
las autoridades, se genera en los municipios. Con esta nueva ley, este
acercamiento, se verá seriamente afectado porque para ello se deberá llenar un
formulario que indique el motivo de la cita. Es decir, un nuevo trámite a la ya abultada
burocracia que vive el país y que en vez de facilitar las cosas, las complicará.
Pensemos que son muchas las personas que ante una
necesidad recurren a su municipio para pedir colaboración, como una de las
instituciones más cercanas. Si hasta ahora eso no resulta con mucha fluidez,
porque se debe atener a la agenda, por ejemplo del alcalde, con la ley del
Lobby no será mucho mejor, porque el motivo del encuentro, por particular o
privado que sea, deberá detallarse en un documento con nombre y apellido, para
posteriormente ese documento subirlo a la página de transparencia y por ende a
la exposición de todos.
El nuevo proceso obviamente generará dificultades,
porque a la ciudadanía en general no se le ha informado de manera detallada cómo
se ejecutará este procedimiento y convengamos que en los municipios tampoco
tienen claridad de cómo podrán implementarlo, sin generar menoscabo en la atención
de público.
Y la inquietud continúa. ¿Qué pasará cuando alguien
quiera reunirse con el alcalde sin aviso previo? ¿Qué va a pasar en una
situación de emergencia?, ¿A quién se dirigen los vecinos para una reunión con
su autoridad? ¿Qué pasará con los concejales cuándo se reúnan con agrupaciones
sociales?, o ¿Aquellos habitantes rurales con baja escolaridad?; en fin, las preguntas son muchas y lo cierto
es que la ley debe cumplirse.
Está bien preocuparse por transparentar los actos
de las instituciones públicas, como una forma de devolver la confianza hacia la
ciudadanía, pero resulta absurdo coartar
ese acercamiento que hasta ahora mantenía el municipio con la comunidad en
general por una ley a medio implementar.
Es necesario entonces resolver de manera clara y
rápida la forma en que se ejecutará esta
ley, sin generar distanciamiento, uno
que ya ronda en los pasillos de los municipios.
