Un cuento de
nunca acabar parece el problema que enfrenta el gobierno y los trabajadores del
registro civil y los perjudicados siempre son los usuarios, quienes deben
retrasar sus trámites por el gallito en que se enfrascan ambas entidades.
Lo
cuestionable no es que los trabajadores reclamen
por mejoras de sueldos, aunque es bastante aceptable si se compara con otros
sectores, la cuestión es que cada vez que no llegan acuerdo en sus reivindicaciones,
sencillamente paralizan sus funciones
demostrando con ello cero empatía con los usuarios, que son quienes dan vida a
este servicio y que además pagan por ello. Es decir se olvidan de su “vocación de
servicio público”.
Una tremenda
falta de respeto que ya ha significado el descontento de muchos usuarios
quienes se han visto desesperados por la falta de voluntad para llegar a algún
acuerdo que permita el término de esta movilización y la regularización del
servicio.
Aunque, el
gobierno asegura tomar algunas medidas para mitigar los efectos negativos de
estas paralizaciones, estas no dan resultado y en vez de disminuir, los
problemas se agudizan; una muestra clara de la falta de liderazgo en este tipo de
conflictos.
Lo que las
autoridades deben evitar en este tipo de situaciones, es que la ciudadanía tenga que pagar los
costos de un conflicto laboral cuya solución está en sus manos. No hay que
olvidar que tanto el Ejecutivo como los trabajadores del sector público, se
deben a la gente.
Si bien en cualquier
momento una de las partes cederá y se pondrá fin al conflicto, quienes deberán seguir esperando para la reposición
del servicio y la entrega de los documentos es la ciudadanía, quizás cuánto
tiempo más.
He de esperar que tanto el gobierno como los mismos funcionarios
hagan un mea culpa de su actuar y reconozcan que, en este conflicto, se ha cometido un error importante, dejar de lado a
la gente.
